Otra óptica / El informe de la FAO

Subrayando:
Las cifras del hambre
Por Pavel Isa Contrera
Publicado en El Caribe
19 de Junio, 2013

Las cifras explotadas mediáticamente son lo más parecido a la magia: no transforman la realidad, pero cambian percepciones, lo cual es una buena aproximación. Algo así pasa con las cifras del hambre. Hasta hace poco, los informes oficiales indicaban que el país no iba a cumplir con la Meta 1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que es lograr reducir a la mitad en 2015, con respecto al nivel observado en 1990, el porcentaje de la población subnutrida. Una persona subnutrida es una cuyo nivel de ingesta calórica es menor al recomendado.

El informe “El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo” de la FAO de 2011 estimaba que entre 2006 y 2008, el porcentaje de población subnutrida era de 24%. Al mismo tiempo, ese mismo informe estimaba que entre 1990 y 1992 la subnutrición afectó al 28% de la población. Es decir, que en cerca de 16 años, el país había reducido la subnutrición en sólo 5 puntos porcentuales. A ese ritmo de un punto porcentual cada tres años y medio, y sin políticas explícitas contra el hambre y la inseguridad alimentaria, era obvio que no se iba a lograr.

Sorpresivamente, un año después, el informe de 2012 del mismo organismo provee datos dramáticamente distintos. La subnutrición estimada para 1990-92 sube a 30.4% en vez de 28%, mientras que para 2006-2008 baja hasta 16.2%, en vez de 24%; esto es 7.6 puntos porcentuales menos, o un 68% de la cifra original. Para el período 2010-2012, la estima en 15.4%.

Se trata de un cambio muy significativo en las cifras que ha dejado atónito a más de uno. Obviamente, lo que cambió no fue la realidad, sino muy probablemente la metodología de estimación. También es posible que exista información disponible que antes no había, pero eso es menos probable. Se supondría que la vieja metodología, en comparación con la nueva, sobreestimaba el porcentaje de subnutrición.

De una u otra forma, la FAO le debe una explicación a este país. Los perfeccionamientos metodológicos no sólo se valen, sino que son muy necesarios, pero deben ser explicados, máxime cuando el cambio ofrece información que transforma la percepción de la realidad de una manera tan significativa como esa. Las dos conclusiones que teníamos basadas en datos anteriores son fuertes y debieron haber tenido muchas repercusiones en las políticas y programas. Sólo la indiferencia hizo que no lo hicieran, más allá de la asistencia social que palea las consecuencias, pero no combate sus causas.

Ahora bien ¿es posible que el país haya reducido a la mitad, entre 1990 y 2012, el porcentaje de personas subnutridas? La respuesta es: sí, es posible. El período de tiempo es largo, más de 20 años. En ese plazo, el ingreso real per cápita del país se duplicó, lo que supondría un aumento del poder de compra promedio de la población. Es cierto que los beneficios del crecimiento se han concentrado exageradamente, pero eso no significa que los pobres no se hayan beneficiado de alguna manera. Aun recibiendo una baja e injusta proporción del crecimiento, probablemente su ingreso real también creció, y con ello su capacidad para comprar más alimentos.

Sin embargo, para los y las triunfalistas, lamento enfriarles su entusiasmo: eso que pasó en el país según la FAO, sucedió también en el resto de la región. No somos ni hemos hecho nada excepcional, a pesar de nuestro extraordinario crecimiento. En Centroamérica, la subnutrición media se redujo en porcentajes muy similares. En Honduras, como acá, cayó a la mitad, en El Salvador en un 21%, en Nicaragua hasta un 36% del valor observado en 1990-92, y en Panamá hasta un 45%. En América Latina, que en 1990-92 tenía una incidencia de la subnutrición de 14.6%, en 2010-2012 fue de 8.3%, la mitad de lo estimado para el país. Valga la siguiente aclaración: para todos los países, las cifras cambiaron, pero no tanto como en el caso dominicano.

 A pesar de todo esto, el porcentaje de población que se alimenta mal sigue siendo inaceptablemente alto, y el Estado no puede seguir siendo indiferente a ello. De 24 países de la región, somos el sexto con mayor incidencia de la subnutrición, por encima de otros como Honduras, Jamaica, El Salvador, Panamá y Perú. Urgen políticas específicas para enfrentarlo. Se trata de una cuestión de principios.




Continente / México y las urnas

México y las urnas

Una parte de México se expresará en las urnas el próximo 7 de julio. Esta parte de México probablemente refleje la percepción de los mexicanos y mexicanas sobre la marcha de la economía en el presente año, la cual ha tenido un pobre desempeño en los primeros meses del año.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto había montado en una ola de optimismo que comienza a bajar. La población esperaba, según las encuestas, cambios positivos, pero la posibilidad de estos cambios luce frágil, especialmente en aspectos como el mercado laboral y los salarios, la inflación y el aumento de las tasas de pobreza.

El sector de la construcción, tradicionalmente una fuente importante de trabajo para amplios segmentos de la población –generalmente la menos educada-, se ha estancado durante el primer trimestre, generando apenas 1,700 nuevos puestos (contraste con los 46,000 empleos que generó en igual período del 2012), el salario real tuvo un descenso de 0.45% durante el mes de mayo.

El costo de la canasta básica de bienes creció un 5.64% a mayo (anualizada), y de los productos agrícolas alcanzó un incremento de 17.2%. Esto afecta, sobre todo, a las familias más pobres.


En este contexto, con un gobierno que apenas tiene siete meses, el descontento tiene por espacio para expresarse las urnas. Además, Peña Nieto logró la firma de un “Pacto por México” que ahora luce débil y que podría debilitarse aún más en medio de la campaña. Y quizás más, no sólo se está marcando el resultado de las elecciones estatales, sino que probablemente también se esté marcando la ruta política de México en los próximos años. Esperemos.

Otra óptica / Una respuesta pobre

Subrayando:
Salarios, cesantía y empleo
Por Pavel Isa Contreras

En las sociedades capitalistas, el precio del trabajo no se determina libremente en el mercado. El consenso que se ha forjado por décadas es que el salario es un precio demasiado importante, el cual debe ser establecido a través de mecanismos de decisión política. La forma más simple que ha adoptado ese mecanismo es los salarios mínimos,  revisados periódicamente. Y aunque el salario mínimo sólo es formalmente efectivo para las entidades que son regulables como las empresas formales y el sector público, es claro que termina siendo una guía para el comportamiento del resto de las remuneraciones laborales.

Hay al menos cuatro razones por las que los salarios y otros beneficios laborales son regulados. La primera es que se procura, con mayor o menor efectividad, que la fuerza de trabajo tenga la posibilidad de desempeñarse como tal y de reproducirse. La segunda va un paso más allá de la primera y es que el trabajo resulte en una vida digna. Esta razón parte de una perspectiva ética que pone la atención en la superación de las privaciones humanas. Asegurarse de que el salario mínimo sea suficiente para adquirir una canasta alimentaria básica y el seguro de salud son quizás los ejemplos más conspicuos de esa preocupación. Las dos razones anteriores suponen que sin la regulación los salarios y las condiciones de vida en general declinarían hasta niveles éticamente inaceptables.

La tercera tiene que ver con la protección de la población empleada, especialmente cuando la caída en la actividad económica o los cambios tecnológicos fuerzan al desempleo. La economía capitalista tiende a generar crisis recurrentes. Frente a ellas se han diseñado dispositivos como la cesantía o el seguro por desempleo para proteger temporalmente a la población afectada. De paso, esto contribuye además a evitar que las crisis sean menos profundas porque impiden que la demanda agregada y la actividad económica se desplomen aún más.

La cuarta es simple y sencillamente el poder que han acumulado los sectores laborales y que han empujado a crear y sostener, con mayor o menor efectividad, los esquemas de salarios mínimos y de beneficios sociales como la protección.

Desde la teoría económica tradicional se argumenta que las regulaciones laborales como los salarios mínimos y otros beneficios incrementan el desempleo y fomentan el empleo informal, porque encarecen la contratación. Sería insensato no reconocer eso.

Sin embargo, difícilmente el costo laboral sea la principal explicación del desempleo y del empleo informal. Estos y el subempleo existen y crecen principalmente porque la economía crece poco, o porque el crecimiento es muy concentrado y no genera empleos suficientes. Después de todo, el empleo se crea cuando hay oportunidades de negocios, especialmente en sectores que generan muchos puestos de trabajo, y eso sólo sucede cuando existe un crecimiento de base amplia, y cuando las expectativas de consumo y de ventas están en expansión, algo que no se logra con salarios en declive.

Por eso, reducir los costos laborales es una estrategia poco inteligente para generar empleos, aunque haya algunos costos que se puedan reducir sin generar impactos negativos en la población trabajadora o haya algunos mecanismos de protección que puedan ser perfeccionados para hacerlos más efectivos y con menores costos.

En el país, la cesantía ha sido el costo laboral más cuestionado por sectores empresariales. Se argumenta que es muy costoso despedir trabajadores, especialmente cuando los contratos han sido largos, contribuyendo a precipitar las quiebras en tiempos malos, principalmente de los pequeños negocios formales. El argumento es verosímil.

Lo que es menos creíble es que reducir la cesantía creará más empleos. Es poco probable que debido a la cesantía, una empresa, en un escenario prometedor y dinámico, lo piense dos veces antes de contratar personal si esto le va a permitir aprovechar una buena oportunidad.

Precarizar el trabajo es una respuesta pobre a la informalidad, el desempleo y el subempleo. Los bajos salarios y la desprotección no crean empleos. Lo que crea empleos es el desarrollo productivo, y el crecimiento sostenido de la demanda y de las exportaciones de bienes y servicios.

En otras palabras, el camino no es hacia abajo, sino hacia arriba.

Twitter: @IsaPavel



Social / Cultura de cocción de alimentos


Pobreza
La pobreza se cocina en fogón y leña en el Sur de RD

Este reporte escrito por María Teresa Morel y publicado en El Caribe, el 31 de mayo pasado, recoge los resultados de una investigación del Grupo de Consultoría Pareto para Sur Futuro en torno a las prácticas culturales relacionadas con la cocción de alimentos en una subzona del Sur de República Dominicana. La investigación fue hecha por Milton Tejada y Ana Julia Rodríguez.

La cultura de la leña y el fogón sobrevive en varias comunidades del Sur del país, en donde por décadas sus habitantes han cargado con resignación el peso de la pobreza. Según los datos del IX Censo Nacional de Población y Familia, el 8.29% de los hogares a nivel nacional todavía utiliza leña como combustible para cocer sus alimentos, siendo Azua y Bahoruco las dos provincias en donde más prevalece esta práctica.
Partiendo de estos datos, la Fundación Sur Futuro y la Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (AEA) realizaron el estudio “La Cultura de Cocción en Comunidades del Sur de República Dominicana”, con el objetivo de conocer a fondo esta realidad y auspiciar el uso de estufas eficientes que contribuyan con el medio ambiente y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Según el estudio realizado por el Grupo de Consultoría Pareto, en las comunidades de la cuenca de la presa de Sabana Yegua (Los Auqueyes, Las Cañitas, el Tetero, El Gramazo, Los Fríos, Las Cuevas y Montancito) del municipio Padre Las Casas, Azua, ocho de cada diez hogares utiliza leña para preparar los alimentos.

La encuesta, que también incluyó la comunidad de Higo de la Cruz, en la Sierra de Bahoruco, arrojó que el modelo de fogón más usado (45%) es el de tres piedras en el suelo o de fuego abierto, ubicado generalmente fuera de las casas.

Cocinar agachadas
Los investigadores notaron que estos fogones resultan incómodos para las mujeres que pasan mucho tiempo agachadas para lidiar con los alimentos.

Esta situación provoca que las usuarias padezcan de dolores musculares, principalmente en la cadera, puesto que emplean más de cuatro horas en el proceso de cocción de los alimentos.

Otras afecciones identificadas con el uso de leña están relacionadas con irritación en los ojos, enfermedades respiratorias y exposición al calor.

Aunque en más de la mitad de los hogares (55%) cuentan con estufas de Gas Licuado de Petróleo, las amas de casa consultadas admiten que no la utilizan con frecuencia, principalmente por razones económicas.

Las estufas de GLP se utilizan principalmente para la elaboración de alimentos sencillos, como colar café y preparar alimentos para los niños; en caso de enfermedad o en época de lluvias.

Y es que la búsqueda de leña está arraigada en el quehacer cotidiano de casi todos los miembros de las familias de esta deprimida zona del país.
Las mujeres entrevistadas afirman que su uso no representa costo alguno e insisten en que su recolección  no afecta el medio ambiente.

Alimentación deficiente
Otro aspecto interesante del estudio resalta los deficientes hábitos de alimentación, basada principalmente en carbohidratos y pobre en proteínas animales.

Víveres como yuca, auyama y batata; espaguetis, arroz, habichuelas, guandules y harina de maíz es lo más consumido en los desayunos, comidas y cenas. La dinámica productiva de las familias marca en muchas ocasiones los horarios para cocinar y lo que se come. Casi en el 40% de los hogares se cocina dos veces o menos al día.

Sur Futuro donará 1,995 estufas
La gerente de Educación de la Fundación Sur Futuro, Susana Doñé, dijo a elCaribe que con los datos recolectados en el estudio, la institución que preside Melba Segura de Grullón, busca donar 1,995 estufas a igual número de familias a través del programa Sur Solar. “Será una contribución directa en ahorro de energía y al mismo tiempo contribuirá a la conservación de los recursos naturales, porque las personas utilizarían menos energía para cocer los alimentos”.


En ese sentido, indicó que actualmente la institución está diseñando un modelo de estufa adaptada a las preferencias de las usuarias, que limite el tiempo de cocción, la producción de humo y las afecciones de salud, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida en la zona.

Economía
Pese a la incomodidad que representa el uso del fogón, las mujeres lo prefieren por razones económicas y prácticas.

La electricidad y la satanización de los empresarios

Milton Tejada C.
Director Ejecutivo 

Grupo de Consultoría Pareto
16 de Junio, 2006.


Energía eléctrica: 
El limbo del subsidio y la posible “satanización” del sector empresarial

Los dominicanos, alumbrados con velas de cera y lámparas, escuchamos perplejos los llamados a la modernidad. La modernidad se logra con máquinas, y las máquinas las mueve ese mágico fluido que da vida a la actividad industrial. Fernández prometió un "fiat lux" a corto plazo para sacarnos de esta eterna ceguera eléctrica. ¿Será cierto? (homerofigueroa@hotmail.com / Diario Libre – 16 de junio de 2006).

La verdad es que declaraciones y “contradeclaraciones” mantienen confuso el panorama sobre el tema del subsidio a la energía eléctrica y, por consiguiente, sobre posibles alzas en los precios de la misma. En la prensa de hoy (junio del 2006) Christina Malmberg (Banco Mundial) señala que ese organismo mantiene retenido el financiamiento al sector eléctrico porque no ha cumplido con las metas en el Índice de Recuperación de Efectivo. Esta retención es de fondos por US$150 millones que, supuestamente, deben ser invertidos en la mejoría del sector energético nacional.

Actualmente el índice de las distribuidoras es de poco más de 50%, niveles que no puede sostener ninguna empresa (Diario Libre – 16 de junio de 2006).

Mientras tanto, las Edes atribuyen el déficit en el suministro a fraudes y alegan que sus pérdidas fueran mayores si siempre colocaran en el sistema toda la energía que se demanda. Sitúan sus pérdidas en unos US$90 millones al mes, más de mil millones de dólares al año.

Debiera sorprendernos –pero no nos sorprende- que el vocero de EdeEste –Marcos Cadet- señale que existe una grave deficiencia para cobrar el servicio y que la incidencia del hurto es cada vez mayor. ¿Explicación? Ninguna. Un hecho, y ya. ¿Quién es responsable del cobro? ¿Quién debe someter a quienes hurtan energía eléctrica, pequeños o grandes? Cadet parece aceptar como un “hecho cultural” la consolidación (y crecimiento, según sus declaraciones) del hurto.

Una consecuencia de esta visión que deja pasar la responsabilidad del cobro –ahora no sabemos de quién es mejorar dicho índice- es que quienes pagan por el servicio se ven castigado no sólo en los precios, sino también con un déficit en el suministro (Cfr. El Caribe – 16 de junio de 2006).

El tema de la energía eléctrica también ocupa dos editoriales de la prensa escrita de hoy (El Día y el periódico Hoy). El Hoy se solidariza con la posición de eliminar los subsidios. Considera que la evasión del pago de la facturación eléctrica ha tenido causas y motivaciones contundentes. Y señala que sólo con regularidad en el suministro y racionalidad en los costos podrían las autoridades imponer la regla de que cada cual pague la luz que consume, aplicando la ley.

Llama la atención que el editorialista del Hoy asegure que los grandes consumidores son los mayores enemigos de que la situación cambie “pues son ellos los que más sustraen electricidad y de ellos proviene siempre la presión fuerte para que las distorsiones se mantengan, incluyendo los subsidios” (Hoy – 16 de junio de 2006).


Mi comentario en este sentido es que, probablemente, en los próximos meses los sectores empresariales se vean sometidos a un proceso de “satanización”: son los culpables de la crisis energética, pues con sus “grandes” robos de electricidad impiden que el sistema sea financieramente viable.

Ante esta posibilidad, las comunicaciones de empresas y asociaciones debe trabajar en el sentido de: a) exigir responsabilidad en las denuncias y, b) Manifestar acuerdo con que se someta a los violadores.


Finalmente, interesante la cronología de prensa publicada por Diario Libre (de la firma de Inés Aizpun):

- 3 de mayo 2006, El Nacional: RD se compromete con FMI reducir subsidio GLP.
- 5 de mayo, Diario Libre: Gobierno subsidia 88.6% del GLP consume el país. El gasto podría duplicar lo que se acordó con el FMI este año.
- 31 de mayo, Listín Diario: El Gobierno se propone eliminar subsidio al gas.
- 2 de junio, Hoy: Gobierno no quitará subsidio al gas.
- 5 de junio, Diario Libre: El subsidio al GLP no será eliminado, pero sí reducido.
- 8 de junio, Listín Diario: Montás declara Gobierno no puede seguir subsidio.
- 9 de junio, Diario Libre: BM y BID cuestionan política de subsidios.
- Jueves 15 de junio, Listín Diario: Leonel precisa el subsidio eléctrico no desaparecerá. El mandatario espera que la crisis eléctrica se resuelva durante los próximos tres años.

“Para qué nos vamos a engañar, no parece que el Gobierno tenga una política energética muy clara. ¿Subsidios? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Eso sin contar que los eólicos no pueden trabajar porque la Ley de Energías Renovables sigue deambulando por el Congreso, el jeque nunca apareció, las pérdidas en la red llegan al 50% y las facturas siguen, imperturbables, hacia arriba. Pero Leonel Fernández calcula que quedan sólo tres años de crisis energética. O tiene un plan y no se lo ha contado a sus funcionarios, o habla ya como el candidato que será en 2008, o en los seminarios de Funglode todo se ve de otro color” (Diario Libre – 16 de junio de 2006).



Milton Tejada C.
mtejada@gcpareto.com




El  Grupo de Consultoría Pareto es una firma especializada en investigación económica, social y de mercado, formada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana en el año 2003, bajo el Registro Nacional Contribuyente 1-2403342-1.  Su misión es contribuir al desarrollo del país mediante la aplicación de técnicas de investigación avanzadas, para obtener respuestas rigurosas a problemas de firmas, gobiernos y otras instituciones.